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Correo electrónico y política de privacidad en las empresas

Núria Batista Núñez - 16/01/2002
Visitas: 2443
Secciones:

Comunicación

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Software

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Laboral

correo electronico y politica de privacidadLas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han abierto posibilidades sorprendentes en materia de comunicaciones. La apreciación del papel del correo electrónico como herramienta de trabajo es significativamente positiva. Así la Sala de lo Social del TSJ de Madrid (STC 13/03/01) pone de manifiesto que el correo electrónico ‘es un medio de comunicación utilizado que la nueva tecnología facilita, siendo su uso cada vez más habitual y, desde luego, útil y eficaz’, y reconoce la ‘eficacia jurídica’ de las comunicaciones y decisiones transmitidas por e-mail en el ámbito laboral.

No obstante, la proliferación de la utilización del correo electrónico y Internet en las relaciones laborales ha suscitado una problemática jurídica, que ha de afrontarse sin dilaciones para asegurar la propia competitividad de la empresa. Las nuevas tecnologías plantean un conflicto difícil de resolver por cuanto colisionan el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los trabajadores, y el derecho del empresario a controlar y vigilar a sus trabajadores, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales.

Algunos Tribunales de Justicia han examinado estas cuestiones y cabe destacar los siguientes pronunciamientos por su relevancia y actualidad: STSJ de Catalunya de 29 de enero de 2001, Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2001 y la Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, de 26 de marzo de 2001.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de enero de 2001 declara procedente el despido de un trabajador por utilizar las herramientas informáticas puestas a disposición por la empresa, durante las horas de trabajo, para fines distintos a sus cometidos profesionales. El actor estuvo navegando por `webs de ocio' de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo de su jornada laboral, según consta en los registros informáticos de la empresa. Tal conducta supone pérdida de tiempo de trabajo efectivo, por cuanto, mientras está haciendo uso de tales medios de comunicación, no está realizando su labor.

El Alto Tribunal entendió que no se puede considerar que el acceso a los `webs de ocio', producido en el curso de la jornada laboral y durante los días establecidos en la carta de despido, fuese un mero instrumento de búsqueda de información sino más bien una forma lúdica de ocupar el tiempo de trabajo, resultando incompatible con la estricta finalidad laboral asignada a la herramienta informática de que se trata.

La Sentencia de la Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 2001, reconoce el derecho al uso sindical del correo electrónico con ‘moderación’. El fallo de la Audiencia, ha suscitado un gran debate en nuestra sociedad, puesto que no ha considerado el derecho de los sindicatos a mandar comunicados a los trabajadores a través del e-mail como un derecho en términos absolutos. La Sala entiende que los Sindicatos pueden utilizar el correo electrónico para transmitir noticias de interés sindical con moderación, a fin de evitar que la conexión on-line entre sindicatos y trabajadores colapse el sistema informático de la empresa.

El tema debatido por la Sala es de especial relevancia por la falta de una regulación del uso de Internet y del correo electrónico en las empresas como medio de comunicación entre los trabajadores y las secciones sindicales. Para los Sindicatos es un tema prioritario que se debería solucionar a través de una próxima regulación, a través de una ley o por medio de la negociación colectiva.

Y por último cabe destacar la Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid de fecha 26 de marzo de 2001, que analiza si las monitorizaciones realizadas por la empresa para controlar el acceso a Internet del trabajador, vulneraron los derechos a la libertad sindical y a la intimidad del demandante, o por el contrario, constituyeron un ejercicio legítimo del derecho de control empresarial, consagrado en el artículo 20.3 del ET.

El Juzgado de lo Social núm. 31 de Madrid considera que al monitorizar el ordenador del empleado y comprobar sus accesos a Internet, la empresa, no sólo sacrificó muchos datos contenidos en este sobre estrategias sindicales, sino que vulneró injustificadamente su derecho a la libertad sindical. Asimismo, entiende que con su intromisión la empresa ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad personal del trabajador consagrado en la Constitución Española.

En los supuestos como el presente, cuando entran en colisión los derechos fundamentales del trabajador y el poder de dirección del empresario, debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad, siendo preciso que la medida que adopte el empresario sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto- juicio de idoneidad-, necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia -juicio de necesidad-; y, finalmente, debe ser ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto -juicio de proporcionalidad-.

La prevención: la mejor política empresarial

El acceso del empresario a los nuevos medios de comunicación utilizados por los trabajadores puede suponer una intromisión ilegítima en su ámbito privado, vulnerando sus derechos fundamentales, tales como, el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones que consagran el artículo 18 de la Constitución Española, así como en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. 

Frente al ejercicio de los derechos fundamentales por parte del trabajador, el empresario como propietario de los medios de producción, puede ejercer un control sobre la forma de utilizar tales medios, amparado en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece, que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

Ante esta problemática, suscitada por el conflicto entre el poder de dirección empresarial y el derecho del trabajador a que no hayan intromisiones ilegítimas en su ámbito privado, existe la necesidad de compatibilizar el derecho a la intimidad amparado constitucionalmente con un adecuado uso de las herramientas informáticas que facilita la empresa. Y nos surgen estas cuestiones: ¿Puede el empresario acceder al correo electrónico de sus trabajadores en la empresa?, ¿se trata de una intromisión en los derechos de intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones?, ¿existe legislación que regule esta situación? 

El empresario como propietario de las herramientas informáticas puestas a disposición del trabajador para el desempeño de sus funciones, es el que decide acerca de la utilización del correo electrónico en la empresa, pero ello no es motivo para que la interceptación del mismo sin la debida justificación pueda considerarse lícita.

En España no existe una regulación específica acerca del control del correo electrónico en la empresa, a diferencia del Reino Unido (‘Regulation of Investigatory Powers Act 2000’), por ello resulta imprescindible que el empresario defina una política explicita acerca del uso del correo electrónico en el ámbito laboral, que establezca los límites entre el abuso y el uso correcto de estas herramientas; e intentar el equilibrio entre las necesidades de la empresa y los derechos de los trabajadores sería la mejor solución.

De este modo, el empresario dispone de un código de conducta interno sobre el uso de las comunicaciones electrónicas y sobre el sistema y características de control de las mismas, que debe ser ‘conocido y aceptado’ por todos los trabajadores, informándoles de los fines para los que debe ser usado el correo electrónico -fines privados i/o profesionales-, la posibilidad de intervención de las comunicaciones electrónicas y las consecuencias de un uso indebido.

Con la redacción, clara y expresa, de una normativa interna, puesta en conocimiento de los empleados con carácter periódico, y aprobada por éstos previamente con el fin de no vulnerar sus derechos fundamentales, el trabajador conoce las pautas a las que debe someterse cuando utilice los medios informáticos puestos a disposición por la empresa.

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