25 de Julio de 2007

Las parejas que hayan sido padres desde el 3 de julio en adelante podrán solicitar una prestación de 2.500 euros por hijo. Sin embargo, la propuesta estrella del Ejecutivo para fomentar la natalidad no será efectiva hasta finales de noviembre, después que el parlamento apruebe este proyecto de Ley.

La medida no deja de resultar una excelente idea para un buen titular de periódico, que de hecho, así lo ha sido, y una buena promoción para dar el pistoletazo inicial a la batalla electoral de cara a las elecciones del 2008.

Sin embargo, pese a los buenos augurios del Ejecutivo esta iniciativa no nos parece la mas adecuada ya que, si sacamos cuentas y analizamos los gastos que provoca un hijo durante su primer año de vida, la subvención sólo cubre el 40% de sus necesidades, considerando que en un año, sólo en alimentación, en promedio, se deben destinar mas de 900 euros. Además, carece de credibilidad, porque el 90% de los compromisos electorales realizados por Zapatero sobre política familiar aún están pendientes, entre ellas la promesa realizada en el año 2004 sobre la extensión de la paga de los 100 euros para todas las madres y la reducción del IVA en productos básicos para la infancia que aún están pendientes y sólo entrarán en vigor, si no se agota la legislatura y se aprueban los presupuestos en el 2008.

Facilitar recursos económicos resulta más un parche de urgencia que una propuesta clara para que en España deje de ser un sacrificio tener un hijo. Continúa dejando en evidencia la necesidad de establecer una política coherente e integral sobre planificación familiar que permita otorgar dinero en efecto a los que lo necesitan, pero de una forma progresiva y proporcional a las necesidades de cada familia, que, aunque no es una propuesta tan impactante ni ocupa grandes titulares, sí es más efectiva.

Los 2500€ de prestación tampoco garantizan las bases para promover la paternidad entre los jóvenes, la cual se ve amenazada por la precariedad laboral y por el difícil acceso a la vivienda; amén de la falta de iniciativas que promuevan la universalización de las guarderías y la compaginación del horario escolar con el laboral, entre otros. Competencias que, aunque en muchos casos corresponden exclusivamente a las autonomías, podrían ser modificadas si el Gobierno estableciera normas de obligado cumplimiento sobre planificación familiar, como así lo ha hecho, por ejemplo, con la ley de educación a través de la imposición de su famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Seguramente, unificar el tipo de ayudas familiares de cada autonomía abriría un nuevo debate político, pero permitiría que las CCAA dejaran de escudarse en el hecho de que no están obligadas a cumplirlas, haciendo caso omiso a la obligación de responder al interés general de los ciudadanos que las gobiernan.

Esto es porque hoy por hoy, según el Instituto de Política Familiar, una familia que tuviera su primer o segundo hijo sólo recibiría algún tipo de ayuda con carácter general (universal) en Castilla y León, Catalunya, Madrid y el País Vasco y, en cambio, en Asturias, Valencia y Extremadura no tendrían ninguna ayuda directa, ya que de hacerlo, impondrían fuertes restricciones de renta en estas prestaciones.

Los 2.500€ tal vez fomentarán la tasa de natalidad, que hasta el año 2006 era de 1,37 hijos por mujer, y seguramente, serán gratamente recibidos por los nuevos padres, aunque no exista un control para que estos recursos se destinen exclusivamente para la manutención de los niños. Sin embargo, esta iniciativa electoralista es pan para hoy e incertidumbre para mañana, ya que en la realidad España sólo destina una media de 134 euros al año por persona a políticas familiares, según los últimos datos disponibles de Eurostat (2004), cifra que tendría que multiplicarse por tres para conseguir llegar a la media de la UE-25, que se fija en 466 euros al mes. Ni mucho menos se asemeja a las políticas de desarrollo familiar de países como Alemania o Francia.

En Alemania, las familias reciben una ayuda los primeros dos años, dependiendo del salario familiar, más otras subvenciones hasta que el niño cumple los 16 años; y en Francia, que dispone de un Ministerio de Familia, una pareja con tres hijos recibe al año una ayuda mensual de 444 euros, de forma universal y sin atender al nivel de renta, además, pueden cobrar ayudas por los hijos hasta que éstos cumplen 20 años, todo ello sin hablar de las ayudas a la hora de pedir excedencias o abandonar temporalmente la actividad laboral para atender a los hijos, ya que a las mujeres francesas se les ofrece una paga mensual de hasta 530 euros, si la excedencia es a tiempo completo.

Por tanto, y en línea con las políticas de planificación familiar de los países más desarrollados de la UE, resultaría más efectivo que la Administración destinara incentivos para implantar en las empresas medidas integrales de conciliación laboral que permitan a las madres continuar cuidando a sus hijos sin perder su puesto de trabajo, por ejemplo, facilitándoles la oportunidad de optar a tres años de excedencia sin dejar de cotizar en la Seguridad Social, o bien, en vez de ofrecer dinero en efectivo, a cada familia por hijo, facilitarles un cheque de consumo para la adquisición de artículos y de alimentos exclusivamente para su cuidado. De esta forma, además de contribuir al bienestar de la familia, la industria nacional de artículos infantiles se beneficiaría, generando así, un doble beneficio social y económico.

No hay que olvidar que el objetivo de las iniciativas de apoyo a las familias es que los padres puedan afrontar el futuro de sus hijos con seguridad, teniendo la garantía de que los servicios de salud, de educación y de alimentación serán de calidad.

Por ello, la planificación y la protección de la familia debe ser una cuestión de Estado, y por tanto, emitir un cheque y luego que las familias se ‘busquen la vida’, resulta una irresponsabilidad más que un avance social, si le añadimos la condición de herramienta política para abrir el camino electoral a falta de medidas reales que respondan coherentemente a las necesidades del país; aunque quizás, esta iniciativa sí resulte efectiva en el ‘país del Talante’ de Zapatero, en el cual el café cuesta 0.80€.

Saludos cordiales.

Raúl Píriz
Director General
Grupo RHM de Comunicación Directiva

Conozca el portal | Cómo Enlazarnos | Colaboraciones | Quienes Somos | Publicidad