El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre la prórroga de los 400 euros para desempleados de larga duración que han agotado las prestaciones por estar "viendo la manera en la que se pueda conseguir que este sea un elemento instrumental para poder conseguir empleo", según el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano. El dirigente popular cargó contra el PSOE por emprender una campaña a favor de esta ayuda cuando el anterior Gobierno dejó el déficit de 2011 en el 8,59% en lugar del 6% previsto. "La clave está en conseguir empleo", señaló Floriano.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su partido promoverá una iniciativa legislativa popular en caso de que el Gobierno no prorrogue los 400 euros a los desempleados. Según los sindicatos, la eliminación del programa Prepara dejaría sin cobertura a cerca de 200.000 parados, a los que habría que sumar 600.000 más cada año, que dejarían de cobrar su prestación por desempleo. "La supresión, de llevarse a cabo, no haría sino confirmar los argumentos de UGT y CC OO, en el sentido de que el Gobierno insiste en la aplicación de recortes a la población desempleada, que es la más desprotegida y la que con más virulencia está sufriendo los efectos de la crisis económica", añadieron en un comunicado conjunto.

Los sindicatos critican los argumentos esgrimidos por el Gobierno en contra de este programa, principalmente el bajo porcentaje de inserción laboral entre sus beneficiarios. CC OO y UGT creen que no habrá posibilidad de encontrar un empleo hasta que no se reactive la economía y que la actividad no volverá a través de los recortes, sino por la vía de la inversión.

Más poder para los inspectores

Los directores territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ven ampliadas sus funciones para luchar contra el empleo no declarado y el fraude a la Seguridad Social. Según una orden del Ministerio de Empleo publicada el sábado en el BOE, estos organismos territoriales podrán desarrollar acciones sobre sectores, situaciones o empresas "cuya actividad rebase el ámbito provincial y no exceda el de la comunidad autónoma". Tendrán que hacerlo sin incrementar los recursos materiales ni humanos de que disponen.

Entre las nuevas tareas para las direcciones territoriales están las de perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el cobro irregular de prestaciones, velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar y combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas. Este elenco está abierto a otras funciones que se les asignen desde la Autoridad Central de la Inspección.

Los inspectores adscritos a una dirección territorial podrán extender su actividad a todo el ámbito de la comunidad. Así podrán investigar a empresas con intereses en varias provincias.