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RRHH: Bruselas quiere evitar cierres de empresas y despidos con nuevas reglas comunes en casos de insolvencia

23/11/2016 - La información
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La Comisión Europea ha propuesto este martes nuevas reglas comunes para los regímenes de insolvencia empresarial de los países de la Unión Europea, que tienen el objetivo de aumentar las oportunidades de las compañías que se encuentran en dificultades para reestructurar el negocio y evitar la bancarrota y el despido de personal.

El Ejecutivo comunitario ha presentado una propuesta para una directiva sobre insolvencia, reestructuración y "segunda oportunidad", que busca superar las diferentes legislaciones de los Estados miembros sobre insolvencias y reestructuraciones empresariales y así impulsar las inversiones transfronterizas.

También pretende evitar que sociedades "viables" se vean forzadas a cerrar el negocio debido a que no existen opciones adecuadas de reestructuración, especialmente en las primeras etapas de actividad de las empresas. Asimismo, Bruselas quiere solucionar el hecho de que la falta o el "difícil acceso" a una "segunda oportunidad" por parte de emprendedores les desanime a poner en marcha sus ideas.

Según los cálculos de la Comisión Europea, una parte "significativa" de los 1,7 millones de puestos de trabajo que se pierden en la UE por casos de insolvencia empresarial pueden salvarse. Además, estima que ofreciendo una "verdadera segunda oportunidad" a los emprendedores para que comiencen de nuevo sus actividades crearía hasta 3 millones de empleos.

 

"Muchas de las compañías que caen en bancarrota en la UE son empresas viables que pueden y deben salvarse. Están perdidas porque no tienen la oportunidad de reestructurarse a tiempo. Esto significa pérdida de talento, pérdida de dinero, pérdida de energía y pérdida de empleos", ha destacado en rueda de prensa la comisaria de Justicia y Consumo, Vera Jourova.

Según cifras de la evaluación de impacto que ha compartido la comisaria checa, un total de 200.000 empresas europeas caen en bancarrota al año, la mitad de ellas cierra cinco años después del inicio de su actividad y el BCE ha identificado una exposición en 2015 de 980.000 millones de euros en créditos morosos del sector financiero.

LIQUIDACIÓN DE DEUDAS EN TRES AÑOS

Bajo las reglas propuestas por Bruselas, los emprendedores sobrendeudados tendrán acceso a una liquidación automática de su deuda después de un periodo máximo de tres años. No obstante, los Estados miembros podrán aprobar salvaguardias para evitar abusos, como evitar el acceso a la descarga, establecer periodos más largos o periodos de inhabilitación en circunstancias justificadas.

Además, los países de la UE podrán imponer obligaciones de repago como una condición para obtener una liquidación completa de las deudas. Estas obligaciones, sin embargo, deben tener en cuenta la situación individual de cada empresa y ser proporcionales a sus ingresos disponibles.

Por otro lado, con el objetivo de impulsar una cultura favorable a la reestructuración "lo antes posible", Bruselas propone que los socios comunitario den a las sociedades acceso a herramientas de "alerta temprana", de forma que pueden detectar dificultades financieras y adoptar las acciones adecuadas. Entre estos instrumentos la Comisión Europea cita labores de contabilidad y supervisión y mecanismos de alerta de terceras partes.

De la misma forma, la propuesta permite al dueño de la compañía en dificultades mantener el control de los activos y de las operaciones diarias del negocio. El nombramiento de un administrador, por tanto, no sería obligatorio en todos los casos.

Asimismo, las nuevas reglas del Ejecutivo comunitario conceden "espacio de respiro" al deudor, es decir, un periodo limitado en el tiempo desde que se ejecutan las primeras acciones, con la intención de facilitar el éxito de las negociaciones para elaborar un plan de reestructuración. En cualquier caso, los acreedores podrán eliminar este tiempo bajo ciertas condiciones, o por contra ampliarlo hasta un máximo de 12 meses si se está progresando en las conversaciones.

Por último, la directiva evita que acreedores minoritarios u otros actores puedan impedir la adopción de un plan de reestructuración, aunque tendrán derecho a que se protejan sus intereses. La propuesta detalla las condiciones según las cuales una autoridad judicial o administrativa puede confirmar un plan de reestructuración que no recibe el apoyo de todos los acreedores.

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