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RRHH: 20 años de la hucha de las pensiones: de 60.000 millones de pesetas a tener deuda

11/12/2017 - El Confidencial
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La preocupación por el Sistema de pensiones no es algo nuevo. Tradicionalmente, los españoles han ahorrado poco para la jubilación, de modo que cuando acaban su vida laboral, dependen casi exclusivamente de la prestación pública. Hasta el momento el Fondo de Reserva había sido un alivio, pero ahora es un motivo más para la alarma, ya que está casi vacío y sus ahorros no son suficientes para pagar las deudas que ha acumulado la Seguridad Social.

Curiosamente fue CiU (Convergència i Unió) quien dio el primer paso para la creación de la hucha de las pensiones, lo que contrasta con el boicot que están haciendo los partidos independentistas al Pacto de Toledo en los últimos meses. En 1994 CiU impulsó una Proposición no de Ley en la que instaba a crear una ponencia que estudiara los problemas estructurales del Sistema.

Esa ponencia fue el germen del Pacto de Toledo, que aprobó en 1995 sus primeras recomendaciones, entre las que se encontraba la "constitución de reservas" formadas por los "excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios". Estas recomendaciones se convirtieron en Ley en 1997, que fue cuando se creó el Fondo de Reserva, hace ahora dos décadas. Esta decisión supuso un plan ambicioso para luchar contra los ciclos económicos de forma automática, sin dejar discreción a los Gobiernos. Aunque a lo largo de los años, el Fondo de Reserva ha visto cómo todos los presidentes lo han utilizado cuando sus cuentas no cuadraban.

FEl primer ejemplo es el Ejecutivo de José María Aznar, que se resistió a realizar la primera dotación a la hucha hasta el año 2000, casi un lustro después. El motivo es que ignoró la recomendación de la separación de fuentes (hasta entonces la Seguridad Social financiaba también la Sanidad) por lo que la Seguridad Social nunca registraba superávit. En los Presupuestos Generales del Estado de 1998 se aprobó el cambio y a partir de 1999 el Sistema empezó a generar superávit con el que llenar la hucha de las pensiones.

La primera aportación al fondo fue de 60.000 millones de pesetas, cuantía que en febrero de ese año se elevó hasta 100.000 millones tras el "superávit histórico" que registró la Seguridad Social en 1999. En total, 601 millones de euros que hoy no darían ni para pagar el 10% de la nómina de las pensiones de un solo mes.

Desde ese año el Sistema generó superávits continuos que sirvieron para llenar el Fondo de Reserva hasta los 66.800 millones que llegó a acumular en el año 2011. Por el camino se produjeron otros dos escándalos, esta vez de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para aliviar las estrecheces presupuestarias de su última etapa al frente del Ejecutivo, además de guardar facturas en los cajones, decidió que se saltaría la Ley y no aportaría al Fondo los superávits de 2008 y 2009. Esos años la Seguridad Social siguió en positivo, pero Zapatero decidió no realizar la aportación que marca la Ley de 1997.

En esos dos años, el Sistema generó un superávit de unos 14.000 millones de euros que a día de hoy habrían servido para que la Seguridad Social no se hubiese tenido que endeudar ni en 2017 ni en 2018. Sin embargo, el Gobierno empleó estos fondos para pagar las prestaciones por desempleo, partida que debe financiarse con cargo a los Presupuestos y no a las cotizaciones. En otras palabras, usó los recursos de la Seguridad Social para reducir el déficit del Estado.

Zapatero no fue el único que tiró de los recursos de la Seguridad Social. Cuando Mariano Rajoy accedió al cargo de presidente el Sistema ya no generaba excedentes, pero sí se encontró una hucha de 66.800 millones de euros que ha esquilmado en apenas seis años. Además de pagar las pensiones, el Gobierno ha utilizado una parte de los recursos del sistema para financiar políticas activas de empleo, que también tienen que sufragarse con cargo a los Presupuestos (algo que también hizo Zapatero, aunque en menor cuantía). En total, se ha gastado más de 7.000 millones del Fondo de Reserva en financiar reducciones en las cuotas a la Seguridad Social para incentivar el empleo.

Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado también han financiado a la Seguridad Social a través de los intereses de la deuda. La mayor parte de los recursos del Fondo de Reserva se emplearon para comprar deuda del Tesoro que generaba una rentabilidad anual, lo que supone una especie de transferencia de los PGE a la Seguridad Social. Desde el año 2000 ha generado un rendimiento de casi 29.000 millones de euros.

La deuda del Tesoro fue una gran fuente de ingresos para el Fondo de Reserva durante la crisis, ya que la incertidumbre financiera hizo que se dispararan los tipos de interés que pagaba España. El año que se consiguió un mayor retorno fue en 2015, con casi 4.000 millones de beneficios. Por el contrario, todos los préstamos que ha hecho el Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones han sido sin intereses.

El fin del Fondo

Ahora que el Fondo se ha vaciado, muchos cotizantes creen que el Sistema no tendrá recursos para pagar las pensiones del futuro. Es cierto que el dato es preocupante: el Gobierno ha liquidado 74.400 millones de la hucha y ha endeudado a la Seguridad Social con otros 10.200 millones en apenas seis años. Sin embargo, también es cierto que el Fondo no se creó para acumular recursos con los que pagar a los jubilados del 'baby boom', sino que se estableció precisamente para superar los años de crisis económica.

Como dictaba la recomendación de la ponencia que dio origen al Pacto de Toledo en 1995, su creación se establece para "atenuar los efectos de los ciclos económicos". En otras palabras, se constituyó con una filosofía puramente keynesiana: ahorrar en las épocas de bonanza para poder "actuar en los momentos bajos del ciclo sin acudir a incrementos de las cotizaciones". Lo que ha hecho el Gobierno es seguir esta premisa al pie de la letra: utilizar el Fondo para pagar las pensiones en época de crisis.

Sin embargo, no está tan claro que España siga estando en crisis después de que el PIB haya vuelto ya a máximos históricos y, a pesar de ello, sigue vaciando la hucha y acumulando deuda. La Seguridad Social se enfrenta a dos problemas que el Gobierno no ha querido o no ha sabido afrontar. El primero es el de la mala calidad del empleo que hay en España, que impide que la fuerte creación de empleo se traslade a importantes crecimientos de los ingresos por cotizaciones. La segunda es que el Sistema necesita cambios estructurales para abordar los retos de largo plazo que tiene por delante.

Esta es la tarea que tiene que resolver ahora el Pacto de Toledo, pero la debilidad parlamentaria del Gobierno, unida al desafío independentista en Cataluña, han hecho que cualquier posible solución siga bloqueada. Mientras tanto, el Gobierno seguirá aplicando las recetas que ha utilizado hasta ahora: tirar de ahorros y deuda y mirar para otro lado como si no pasara nada.

En 2017 las pensiones ya se pagaron con un crédito de 10.200 millones de euros del Estado a la Seguridad Social y para 2018 el Gobierno tiene previsto renovar esta línea de financiación. De esta manera consigue evitar que el Fondo se vacíe del todo: a día de hoy quedan 8.000 millones de euros. Sin embargo, como la deuda es mayor que los activos, la situación patrimonial de la Seguridad Social ya es negativa (además hay que contar la deuda histórica de 17.000 millones que tiene desde los años noventa).

El Sistema necesita más de 15.000 millones de ingresos estructurales para hacer frente a su déficit actual. Los ingresos por cotizaciones derivados de la creación de empleo como consecuencia del ciclo económico difícilmente puede cerrar esta brecha, ya que también aumentan los gastos como consecuencia del envejecimiento. Además, las nuevas pensiones son más caras que las que causan baja por fallecimiento, lo que complica que solo con el ciclo se pueda cerrar este 'agujero'.

La crisis ha producido un trasvase de rentas desde los salarios hacia el capital, lo que ha tenido una consecuencia palpable: la caída del peso de las cotizaciones sobre el PIB. En 2016 los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social fueron inferiores al 9,3% del PIB, su dato más bajo desde 1999. Sin una recuperación del empleo y los salarios, las cotizaciones no podrán cubrir el déficit del Sistema.

Un buen ejemplo es el que ocurre este año 2017. A pesar del ritmo histórico de la afiliación (solo superado por 2005, año que fue extraordinario por la regularización de inmigrantes), los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones hasta octubre habían aumentado en poco más de 4.400 millones de euros (un 5,19% más); mientras que los gastos en pensiones crecieron en algo más de 3.000 millones (un 3,4%). Esto significa que el ciclo ha contribuido en menos de 1.500 millones a cerrar el déficit.

Este ritmo de ajuste no solo es muy escaso, sino que también es estructural, ya que depende de un ritmo de creación de empleo que difícilmente será sostenible. Esto significa que para cerrar el déficit de la Seguridad Social será necesario recortar los gastos más rápido o elevar los ingresos (por cotizaciones o con impuestos a través de transferencias del Estado). No hay otra solución mágica a corto y medio plazo.

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