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RRHH: El Constitucional anula la forma en la que se gestiona la ayuda a parados de 400 euros

11/01/2018 - El diario.es
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El Tribunal Constitucional ha anulado la forma en la que se gestiona una de las ayudas de 426 euros (el llamado Programa de Activación para el Empleo) para parados de larga duración. Lo ha hecho a instancias del Gobierno vasco, que consideraba que esa gestión invadía sus competencias. La decisión no afectará al cobro de la prestación de los beneficiarios.

Hace unos meses, en verano, el Constitucional ya tomó una decisión similar: anuló la forma en la que se gestionaba el Plan Prepara (otra de las ayudas a parados de larga duración), lo que obligó al Ministerio de Empleo a pactar con las comunidades una cesión temporal de competencias. Es decir, las ayudas se siguen cobrando, pero el Gobierno debe cambiar su gestión.

El decreto que regulaba este programa, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2014 tras el acuerdo con empresarios y sindicatos, atribuye al Servicio Estatal de Empleo Público la financiación, gestión y pago de esta ayuda económica, además de la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente beneficiarias de la misma.

El Gobierno Vasco lo recurrió por considerar que invadía las competencias autonómicas, dado que a su criterio, la gestión de esas ayudas debe recaer en el servicio vasco de empleo (Lanbide), pues las políticas activas de empleo fueron transferidas a Euskadi en 2010. El Tribunal  Constitucional  le ha dado la razón en su recurso: considera que la ayuda económica encaja en el concepto de legislación laboral y su naturaleza es la de una subvención de fomento del empleo y de inserción laboral, algo que es competencia vasca.

A finales de julio, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que la gestión del Plan Prepara (la otra ayuda a parados de larga duración) correspondía a las comunidades autónomas. Dos meses después, el Ministerio de Empleo y las comunidades acordaban prorrogar el Plan Prepara hasta el próximo abril. Para ello, las comunidades cedían unánime y temporalmente la gestión de esta ayuda, que suele rondar los 400 euros, al Estado.

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