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RRHH: La pensión máxima ya solo supone el 80% de lo cotizado a la Seguridad Social

02/03/2018 - El Confidencial
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La cuantía de la pensión máxima de la Seguridad Social —36.121,82 euros brutos al año entre 14 pagas— continúa creciendo, aunque sea solo un 0,25% en 2018. Pero en términos relativos, ocurre lo contrario. De hecho, ya solo representa el 80% de las cotizaciones máximas, que este año ascienden a 45.014,4 euros. En 2010, el porcentaje era equivalente al 91,1%, lo que significa que la proporción entre lo cotizado y la pensión máxima tiende a quebrarse. Y en el futuro, esta tendencia se intensificará.

Esto se debe a que en los últimos años las bases de cotización más elevadas, 3.751 euros al mes, han crecido más que las pensiones sujetas al llamado índice de revalorización, el sistema diseñado por la Seguridad Social para vincular los gastos a la situación financiera del sistema público de protección social. En 2017, por ejemplo, las bases máximas se incrementaron un 3%, pero las pensiones más elevadas subieron un 0,25%. En 2013 y 2014, igualmente, crecieron un 5%, también muy por encima de lo que lo hicieron las pensiones más altas (0,25%).

 

 

El hecho de que las pensiones máximas —que están topadas— suban menos que las cotizaciones, muy afectadas por la evolución de los salarios y los deslizamientos, supone un alivio para las arcas de la Seguridad Social, sometida a una fuerte presión financiera. El ahorro, de hecho, es importante porque compensa la práctica congelación que se ha producido en las bases medias, que son la espina dorsal del sistema público de protección social.

Las bases medias —por lo que cotizan trabajadores y empresarios— apenas subieron un 2,6% entre 2010 y 2015 por la devaluación salarial. Es decir, por debajo del gasto en pensiones, que no solo está vinculado a la cuantía de la nómina mensual sino, también, al número de trabajadores que acceden a una pensión.

El futuro de las pensiones máximas es, precisamente, una de las cuestiones a debatir en la comisión del Pacto de Toledo, que lleva reunida desde el comienzo de la legislatura sin que los numerosos encuentros hayan dado algún fruto. 

Ya se sabe que el Gobierno ha planeado en alguna ocasión que está abierto a reconsiderar la cuantía de la pensión máxima, lo que en el argot de la Seguridad Social se denomina destoparla, pero siempre que, al mismo tiempo, se revisen las cuantías de las cotizaciones máximas en aras de mantener una cierta proporcionalidad entre lo que se paga y lo que se recibe.

Un real decreto prepara el terreno

De hecho, el Ejecutivo preparó el terreno en un real decreto de diciembre de 2016 en el que ya anticipaba que los incrementos del tope máximo de la base de cotización (3.751,2 euros mensuales) así como las pensiones máximas (2.580,13 euros) “se ajustarán a las recomendaciones efectuadas en tal sentido por la Comisión Parlamentaria Permanente de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco del diálogo social”.

 

 

Es decir, que el Gobierno apuntaba ya esta posibilidad hace año y medio para aligerar las cargas de la Seguridad Social sin tener que subir el tipo general vigente, un 28,3%, que permanece sin cambios desde hace años. En todo caso, el coste del destope de las pensiones máximas sería inferior a lo que recaudaría el sistema por elevar los actuales límites de cotización. Es decir, se mantendría una cierta proporcionalidad con tendencia a disminuir. 

El número de pensiones máximas del sistema no ha dejado de crecer en los últimos años. En concreto, nada menos que un 370% en la última década. Las últimas cifras de la Seguridad Social muestran que 236.909 pensionistas perciben la jubilación máxima —los 2.500 euros al mes—, y el número total crece hasta los 253.088 si se incluye el conjunto del sistema y no solo la pensión de jubilación. La inmensa mayoría, más de 90%, procede del régimen general, que obliga a cotizar por los salarios reales, salvo en los tramos más elevados.

No es, desde luego, un ahorro pequeño. Los datos de la Seguridad Social muestran que 1,4 millones de trabajadores —ingenieros y licenciados— cotizan dentro del régimen general en el grupo uno, el máximo del sistema. Este colectivo sería el más afectado si se produce un destope significativo de las bases de cotización que no fuera acompañado de una subida de la pensión máxima en la misma cuantía. En el grupo dos, que acoge a los ingenieros técnicos y similares, se encuentran algo más de un millón de trabajadores, muchos de los cuales obtienen ingresos superiores al límite máximo de las bases de cotización.

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