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RRHH: El gasto en bajas crece un 50% tras la crisis y pone en alerta a la Inspección

08/10/2018 - ABC
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El miedo a perder el puesto de trabajo durante la crisis, la mejora de la gestión de la Seguridad Social y de las mutuas hicieron que los ciudadanos faltaran menos a sus puestos de trabajo durante los años de la crisis. Los procesos por enfermedad llegaron a reducirse un 46% lo que ahorró más de 3.000 millones a la Seguridad Social. En 2014, con la economía y el empleo creciendo por encima del 3% desapareció el «efecto crisis» y los trabajadores comenzaron a estar más confiados en sus empresas, lo que provocó que, tras seis años de descensos y un tímido aumento en 2014, las bajas laborales volvieran a repuntar y con ellas también el gasto que desde entonces se ha disparado.

En el periodo de recuperación (2014-2017) el desembolso en bajas laborales ha crecido un 53%. En 2017 el coste de la incapacidad temporal se elevó hasta 6.653 millones, lo que supone un 11,2% más que un año antes. Sin embargo, el montante económico que supusieron estas ausencias al trabajo para la actividad ascendió a 76.752 millones, casi un 11% más, según los datos de la asociación de mutuas de accidentes de trabajo (AMAT).

Los costes

A esta última cifra se llegaría tras sumar el coste de las prestaciones económicas, los 6.653 millones, más el coste directo que estas ausencias al trabajo supusieron a las empresas, 6.218 millones -ha crecido un 42% en cuatro años-y el coste de oportunidad, en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir y que ascendió a casi 63.577 millones casi un 11% más.

 

 

El absentismo sigue siendo un problema para las empresas. Lo demuestra el hecho de que cada día de 2017 faltaron a su puesto de trabajo en España 914.747 trabajadores. Y las previsiones para ese ejercicio están en la misma linea. El gasto en incapacidad temporal por contingencias comunes, teniendo en cuenta las condiciones actuales de crecimiento podría alcanzar un 13% del gasto realizado el ejercicio pasado, lo que elevaría el gasto a 7.200 millones el desembolso, según la previsión de las mutuas. Estas entidades colaboran con la Seguridad Social y gestionan en torno a 11.000 millones de fondos públicos, el equivalente al 1% del PIB.

Alarma en el sistema

Las cifras han alarmado a la Seguridad Social que ha reforzado el control de la incapacidad temporal en lo que queda de año con el objetivo de mitigar el abultado gasto con el que se espera que cierre esta prestación, más de 7.000 millones. El sistema aplicará un programa informático para preseleccionar los procesos que deben ser objeto de control médico. Las actuaciones se centrarán en las bajas de menos de 345 días de duración y el objetivo es verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones está médicamente justificadas. Así, durante el último trimestre la Inspección realizará 64.000 controles médicos de procesos de incapacidad temporal que se sumarán a los que ya se vienen realizando. Es decir, un 25% más sobre los actuales controles ordinarios. Para ello, los 267 inspectores médicos que participan en el plan ampliarán cuatro horas su jornada laboral.

Desde hace años la organización que dirige Juan Rosell viene reclamando medidas efectivas contra el absentismo por los efectos negativos que tiene sobre la economía. Entre ellas la posibilidad de dar altas, aunque ningún gobierno ha dado el paso. «Resulta muy necesario que las mutuas puedan contar, a modo de experiencia piloto, con la posibilidad de emitir el alta médica en procesos de incapacidad temporal diagnosticados con patologías traumatológicas», explica a ABC Pedro Pablo Sanz, director gerente de la asociación de mutuas de accidentes de trabajo (AMAT). Recuerda que estas entidades son expertas en la asistencia sanitaria de dichas patologías por ser las que con mayor frecuencia tratan los accidentes de trabajo». Dice que así se aliviaría la carga asistencial en los servicios públicos de salud y se evitarían costes innecesarios a trabajadores, empresas y a la Seguridad Social.

800 millones de ahorro

Según el responsable de esta asociación, permitiendo a las mutuas actuar en las 20 patologías traumatológicas más frecuentes se podrían ahorrar en torno a unos 800 millones en prestaciones económicas por incapacidad temporal.

Las mutuas también se quejan del recorte de fondos que ha provocado que la Seguridad Social recurra a sus fondos para financiar el déficit. Así, explican que en 2010 las mutuas recibían un 6% de las cotizaciones por contingencias comunes para financiar la prestación de incapacidad temporal, pero que a partir de 2011, y durante el resto del periodo de crisis, esa financiación se redujo por parte de la Administración al 5%. Añaden que como el absentismo se redujo, las mutuas contaban con suficiente financiación para cubrir la prestación y lo que sobraba, una vez cubiertas las reservas obligatorias, se ingresaba en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

A partir de 2013 el absentismo comenzó a incrementarse, y el gasto en prestaciones empezó a crecer y su gestión entró el déficit: -102 millones en 2015; -331 millones en 2016; -462 millones en 2017. Las previsiones de las mutuas son que este ejercicio el déficit escalará hasta 738 millones.

Explican las mutuas a este periódico que el déficit ha sido financiado con sus reservas de contingencias comunes, cuyo saldo, entre 2014 y las estimaciones para 2018, ha pasado de 832 millones a 257 millones. También han usado otras reservas cuyo origen está en las contingencias profesionales, de tal forma que «la solvencia de las mutuas, entendida como el total de reservas sobre el total de cotizaciones, en estos años se va a reducir del 37% al 27%», apuntan.

El déficit, al alza

A tenor de los datos explican que, pese a los recortes de fondos, el déficit de la Seguridad Social no ha menguado y lo único que ha conseguido la administración es reducir muy levemente las tensiones de tesorería. Desde que estallara la crisis año tras año el sistema ha cerrado en números rojos. Este ejercicio las subidas extra de pensiones provocarán que el déficit supere los 19.500 millones.

El gasto en bajas llegó a contenerse en 3.000 millones durante los años de crisis. La galopante destrucción de empleo que provocó la crisis fue uno de los motivos de ese menor desembolso público. Al haber menos trabajadores con empleo, se registraron menos procesos de incapacidad temporal. Pero la recesión económica también provocó que muchos empleados que en otra coyuntura económica hubieran causado baja en su empresa, se resistieron a hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo.

A esta coyuntura se le sumaron desde 2012 las medidas aprobadas por al Administración para recortar el absentismo laboral. El Ejecutivo del PP aprobó ese año cambios en el régimen retributivo de la incapacidad temporal que fueron de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo fue frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año.

En 2012 los funcionarios y empleados públicos que causaron baja veían reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%; si la baja se prolongaba de cuatro a 20 días, pasaban a percibir el 75% de sus retribuciones y, si se trataba de una dolencia más grave, con baja de más de 21 días, solo en ese supuesto, cobraban el 100% de su sueldo. El acuerdo de hace unos meses entre Hacienda y los sindicatos, por el que los salarios subirán más de un 8,8% en tres años, eliminó estas penalizaciones. Es decir, que los empleados públicos de baja cobrarán el 100% de la prestación.

También la reforma laboral aprobada ese año introdujo más facilidades para despedir a un trabajador que reiteradamente se diera de baja por enfermedad en su empresa. Hoy, las compañías pueden despedir a un empleado que cause baja de forma reiterada si sus faltas de asistencia alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. A estos efectos no computan las bajas por accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad o enfermedades o accidentes no laborales cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos.

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